Gobierno saliente Desaparecen de la CAPA Mil 556 millones de pesos


“Le recomiendo que busque un buen abogado”, le sugirió el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, al todavía director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gustavo Guerrero Ortiz, luego de que éste acusó al ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, de “desaparecer” un total de  mil 556 millones de pesos, producto de la contraprestación que pagó la empresa Aguakan por la concesión que se le otorgó en Playa del Carmen (mil 050 millones) y de un crédito que se contrató con Interacciones del orden de los 560, convirtiéndose así en el principal responsable de la quiebra de la paraestatal.

Al comparecer ante la Comisión Legislativa de Desarrollo Urbano para ampliar los datos del V Informe del ex Gobernador Roberto Borge Angulo, los legisladores, al tiempo que solicitaron al funcionario tomar agua de la llave para verificar si reúne la calidad necesaria para el consumo humano, fueron implacables en sus cuestionamientos sobre sus manejos financieros, siendo que si bien en un principio intentó defenderse aduciendo que sólo fungió 10 meses en el cargo, al final de cuentas reconoció que nunca vio un solo peso de los recursos que le transfirió Guillermo Molina.

En este sentido, Guerrero Ortiz argumentó que no podía responder por las razones y motivaciones de los anteriores titulares de la CAPA, mucho menos por dinero que nunca estuvo en sus manos, siendo que una y otra vez, ante las preguntas que se le hicieron, acabó echando de cabeza al ex titular de la Sefiplan.

Al respecto, dijo que la citada concesión a Aguakan, la cual, por cierto, “recomendó” revocar a la brevedad posible, fue una acción debidamente aprobada por el órgano de administración de la CAPA en el que se incluyen desde el titular del Poder Ejecutivo, hasta los titulares de la Sefiplan, la Seduvi y los presidentes municipales, siendo que todos dieron su anuencia para que el hecho se consumara.

Sobre este punto, Guerrero Ortiz expuso que por el título de concesión otorgado, la Secretaría de Finanzas y Planeación, a cargo de Juan Pablo Guillermo Molina, recibió la cantidad de mil 050 millones de pesos, mismos que le fueron transferidos de la cuenta bancaria de la CAPA a la del Gobierno del Estado, siendo que nunca se supo cuál fue el destino final de esos recursos.

Asimismo dijo que Guillermo Molina le ordenó hacer algo similar con los 560 millones de pesos del crédito contratado con Interacciones, asegurando, una vez más, que tras realizarse el depósito, no tuvo ni la más mínima idea de a dónde fue a parar el grueso de ese dinero, ya que, aseguró, “sólo recibí 54 millones de pesos, los cuales se destinaron al mantenimiento de la red del sistema de Chetumal y de Bacalar”.

Pero eso no es todo, Guerrero Ortiz insistió en que así como la Sefiplan dispuso de los mil 050 millones de pesos depositados por Aguakan y de los 560 del financiamiento ya mencionado, también se agenció los 198 millones de pesos que la CAPA recibía anualmente de la citada empresa por el uso de dos cárcamos.

Continuando con su comparecencia, los diputados le recriminaron a Guerrero Ortiz por el hecho de que no se hubieran utilizado 23 millones de pesos de los programas federales Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu) y del Programa de Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (Prossapys) y que ello ameritaba una amonestación severa por el nivel de negligencia que se demostraba.

Consciente de que las respuestas del compareciente no dejaban satisfechos a sus compañeros, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, le expuso que por situaciones como estas se han fincado responsabilidades penales a otros funcionarios que tuvieron disponible un recurso y no lo utilizaron.

“Yo le deseo mucha suerte, pero sobre todo le deseo que consiga buenos abogados, porque de los más de 500 millones de pesos del citado crédito, usted va a tener que rendir cuentas”, asentó.

Como señalamos líneas arriba, Guerrero Ortiz compartió la inquietud de los diputados de iniciar un proceso de revocación de la concesión a Aguakan, ya que, según dijo, la paraestatal cuenta con la capacidad operativa suficiente para prestar el servicio, rematando con que él sí mete las manos al fuego por los trabajadores de la CAPA, mas no por los directivos que le antecedieron.

Por cierto, vale la pena destacar que del agua de la llave que le sirvió la diputada Laura Beristain Navarrete, el director de la CAPA sólo le dio un pequeño sorbo y no volvió a probar de la misma.

Fuente: DiariodeQuintanaroo
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