Alista PRI ejército contra corrupción


CIUDAD DE MÉXICO.- Con el aval unánime de sus sectores y organizaciones, el PRI decidió que sus cinco millones 44 mil 528 militantes se conviertan en una especie de ejército de vigilancia de sus gobernadores, alcaldes, síndicos, regidores, senadores y diputados, para que no incurran en actos de corrupción y complicidades que dañen las finanzas de un estado.
El nuevo Código de Ética Partidaria, que entrará en vigor una vez que el Comité Ejecutivo Nacional lo publique en la revista La República, establece que absolutamente todos los militantes priistas estarán obligados a “denunciar cualquier delito, falta, omisión o conducta que vaya en contra del partido, de las instituciones públicas o del interés general”.
Precisa que los priistas que tienen un cargo de elección popular o ejercen una posición de gobierno, en cualquiera de los tres niveles, están obligados a “actuar con objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones; administrar los recursos públicos y los partidarios con honestidad y de manera racional, eficaz y eficiente; evitar que se produzca malversación de fondos, desvío de recursos o endeudamiento injustificado”.
La alusión es clara al centro del problema que ha generado los principales escándalos de corrupción en que se han visto envueltos sus exgobernadores, como Humberto Moreira, Andrés Granier, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, todos acusados de sobreendeudar a las entidades que gobernaron y desviar los recursos públicos.
Pero además, no se refiere sólo a la posición ejecutiva, sino a legisladores, porque son ellos quienes aprueban el endeudamiento estatal y ahora ellos serán considerados como corresponsables, para efecto de sanciones.
El Código establece 13 deberes éticos para todos los priistas. Proceder en todo tipo de acto de manera honesta, íntegra y congruente; conducirse con respeto a la condición del cargo, sin hacer abuso de poder; desempeñar con lealtad y eficiencia las tareas partidistas, los cargos públicos y de elección popular para los que haya sido electo o electa, designado o designada.
Promover la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía; servir al interés general y no a intereses personales, familiares o de grupo; abstenerse de intervenir en actividades que sean incompatibles, legal o administrativamente con las funciones públicas e incurrir en conflictos de interés.
De igual forma, actuar con objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones; administrar los recursos públicos y los partidarios con honestidad y de manera racional, eficaz y eficiente; evitar que se produzca malversación de fondos, desvío de recursos o endeudamiento injustificado de los entes públicos; impedir que se afecte el patrimonio del Estado y que los bienes públicos y partidarios se utilicen para fines particulares o propósitos diferentes para lo que están destinados; denunciar cualquier delito, falta, omisión o conducta que vaya en contra del partido, de las instituciones públicas o del interés general.
Además, contribuir con buena fama pública a dignificar el ejercicio público y la política en la democracia del país y responder a los requerimientos, recomendaciones o extrañamientos de las Comisiones de Ética Partidaria, en los términos del presente Código.
El PRI, de igual manera, creó el organismo que será el encargado de recibir las denuncias, procesarlas y emitir el fallo, en una especie de tribunal interno, que existirá en todo el país, con un mínimo de cinco y un máximo de 11 integrantes por cada uno de los 33 que existirán –uno nacional y 32 estatales--, lo que implica que tendrá entre 165 y 363 zares anticorrupción.
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